Jalisco: la disputa por la legitimidad y los votos

Juan Luis H. González S.

Esta historia tiene tiempo contándose, pero a partir de los acontecimientos recientes es posible advertir un escenario de creciente fricción política entre Jalisco y el Gobierno Federal. No se trata de una crisis institucional ni de una ruptura formal, sino de una acumulación de episodios que, leídos en conjunto, anticipan un endurecimiento sostenido en la relación.

Esta disputa no se explica por un solo evento, sino por la convergencia de incentivos, narrativas y una competencia permanente por la legitimidad. Cuando distintos conflictos coinciden en el tiempo, dejan de ser coyunturales y comienzan a formar parte de una lógica estratégica. En Jalisco hoy se entrecruzan al menos cuatro hechos: el caso Tequila, el incremento al transporte público y la Tarjeta Única, la agenda de seguridad y el brote de sarampión.

El caso de Tequila marcó un punto de inflexión. La detención del alcalde morenista Diego Rivera Navarro, acusado de extorsión y presuntos vínculos con el crimen organizado, detonó no solo un proceso judicial, sino una batalla mediática. Desde la narrativa federal, el mensaje fue de fortaleza institucional: demostrar capacidad de intervención frente a posibles procesos de cooptación criminal en los municipios. Desde la óptica local, el operativo también proyectó la idea de que la Federación puede incidir de forma definitiva en la dinámica política municipal cuando lo considere necesario. Pero más allá de los gobiernos, la reacción partidista fue inmediata.

Movimiento Ciudadano reactivó el discurso sobre la infiltración criminal en gobiernos morenistas; Morena respondió recordando el episodio del exalcalde de Teuchitlán y el hallazgo del macabro Rancho Izaguirre. El expediente dejó de ser exclusivamente penal para convertirse en instrumento de disputa por la autoridad moral del relato.

La segunda agenda, el aumento al transporte público y la aparición de la Tarjeta Única, han añadido un componente social a la disputa. El gobierno estatal anunció el incremento e intentó mitigar sus efectos negativos con el argumento del subsidio y el uso de esta tarjeta. Sin embargo, una parte de la opinión pública ha subrayado el impacto de la medida en las y los usuarios. En políticas públicas, la distancia entre diseño técnico y legitimidad social es decisiva: una medida puede ser financieramente defendible y, al mismo tiempo, políticamente vulnerable. Por su parte, actores de Morena y partidos aliados han intentado posicionar la narrativa del “tarifazo”, mientras el Ejecutivo estatal insiste en la utilización de la “Única” y sus beneficios. 

El tercer asunto, la agenda permanente de seguridad, es el más complejo. El gobierno federal ha anunciado avances en la reducción de homicidios y sostiene que, ante eventuales omisiones locales, puede asumir un papel más activo. A nivel estatal persiste la tensión sobre la conducción efectiva de la política de seguridad y los márgenes de autonomía en un federalismo que, en la práctica, tiende a recentralizar facultades en momentos críticos. Todo indica que esta superposición de competencias alimentará aún más la disputa sobre quién es responsable y quién es omiso. La seguridad difícilmente escapará de esta lógica de politización.  

El cuarto factor es el brote de sarampión. Jalisco figura entre las entidades con mayor número de casos, lo que ha reactivado el debate sobre coberturas de vacunación y coordinación sanitaria. Salomón Chertorivski y otras voces de Movimiento Ciudadano han intentado colocar el problema en la órbita de los gobiernos federales emanados de Morena, señalando retrocesos en políticas de vacunación durante el anterior sexenio.

En este escenario, ante la ausencia de liderazgos claros y de una narrativa unificada, Morena y la 4T en Jalisco están enuna posición de fragilidad. Sin embargo, esa debilidad puede incrementar los incentivos para disputar legitimidad al gobierno estatal y, en particular, a la figura de Pablo Lemus.

Cuando un proyecto político se sabe en desventaja organizativa, suele apostar por erosionar la credibilidad del adversario antes que por resolver sus propias inconsistencias. En esta lógica, MC y Morena competirán permanentemente por definir quién es responsable, quién es eficaz y quién representa estabilidad.

Si bien Jalisco no vive un colapso institucional, sí está inmerso en un escenario de tensión acumulada. Y cuando los incentivos estratégicos empujan hacia la confrontación, la distensión y los acuerdos parecen ser un destino muy lejano. Lo que hoy se perfila no es un quiebre institucional, sino una relación crecientemente áspera donde la disputa por la legitimidad y la elección de 2027 serán el eje dominante del debate público. 

Lo verdaderamente preocupante es que, en este contexto, los dos niveles de gobierno terminen atrapados en una competencia partidista que desplace el análisis técnico y racional de los problemas y sus posibles soluciones. La confrontación puede ser políticamente rentable; la cooperación institucional, aunque menos visible, es la única que produce resultados duraderos y beneficia realmente a la ciudadanía.